Libertad de Enseñanza

La libertad de elección de centro educativo, por encima de ser un derecho en el más amplio sentido de cualquier ciudadano para elegir y decidir sobre la enseñanza de sus hijos, es la mayor muestra de igualdad frente al despotismo que consiste en creer qué es lo que necesita cada uno en cada momento, tomando las decisiones sin contar con la libertad de los demás y exigiendo que esas decisiones se respeten sin condiciones. Exigir obediencia ciega es totalmente irracional.
La Libertad de Enseñanza debería llevar a las instituciones públicas a la idea, tan fácil de entender, de que si los centros educativos saben, entienden y observan claramente que no se les va a proporcionar una clientela cautiva por decreto, eso va a estimular una mayor autonomía y responsabilidad de los mismos actores incrementando la personalidad de los centro educativos escolares, interactuando entonces con la demanda de la sociedad y mejorando seguro, a la postre, la calidad en la enseñanza.
Palabras como convivencia, solidaridad, tolerancia han aparecido a nivel dogmático a la hora de tratar de explicar en qué debe consistir el proceso educativo, pero han aparecido no como una manera de complementar los valores que siempre han existido en la educación: el esfuerzo, la responsabilidad, la perseverancia, la autoexigencia o el mérito, sino que han aparecido con la intención de desplazarlos.
Es sencillo de entender la receta más eficaz de una formación educativa en libertad y en igualdad es la combinación entre la exigencia en la enseñanza dentro de las escuelas y la ayuda y el afecto de la familia; sólo desarrollando estas dos consideraciones y dándolas a conocer a todos los alumnos y en especial los procedentes de clases socialmente desfavorecidas podrán seguir avanzando sin pausa y aprendiendo relativamente con facilidad hasta conseguir las metas que se propongan.
Cada persona es escultor de su propio cerebro o algo parecido afirmaba Ramón y Cajal, que traducido quiere decir que el que se propone algo firmemente al final lo acabará consiguiendo. El desafío consiste en situar estos principios dentro de las leyes para la educación y la enseñanza, implicando así a la sociedad y a las instituciones escolares.